A RIÓ REVUELTO GANANCIA DE PESCADORES.

A RIÓ REVUELTO GANANCIA DE PESCADORES.

LAS PERSONAS OPORTUNISTAS SACAN BENEFICIOS DE LOS MALES AJENOS

Los funcionarios de la SAE, aprovecharon una Orden de Desalojo de unos Tierreros para Revitimizar y Desalojar  ilegalmente a una Familia llanera.

COLOMBIA UN GRAN RIO REVUELTO

“A río revuelto, ganancia de pescadores” es un refrán popular que se refiere a aquellas personas que suelen sacar provecho de las situaciones de caos o desorden.

 

La sociedad colombiana es un espejo complejo para la juventud, la polarización que vive el país consecuencia del deseo férreo de algunos congresistas de ponerle el palo a la rueda de la paz, la impunidad de los corruptos, el abuso de poder, y la violación fragrante a los derechos humanos, el engaño a los afiliados a los fondos privados de pensiones,  el desgobierno de un presidente maniatado por su mentor,  es una avalancha de problemas que aprovechan los oportunistas para saquear al pueblo.

 

Ejemplo claro de la acción de los saqueadores fue lo sucedido con la Finca SEBASTOPOL.  En este caso los saqueadores fueron de dos especies diferentes, por un lado los tierreros” y por otro lado los funcionarios corruptos envestidos de facultades de policía administrativa.

 

Los “Tierreros” son delincuentes profesionales en el oficio de invadir  lotes, ‘supuestamente’ carentes de dueño, para apropiarse de ellos y luego venderlos por partes, para quienes los bienes involucrados en procesos de extinción de dominio se han convertido en su objetivo mas importante.

 

La otra especie de saqueadores, son los funcionarios públicos que aprovechando la orden desalojo legal y justificado a los tierreros y sus invasores de la finca, abusaron de su poder para desalojar a una de las 18 familias a las cuales el INCODER les entrego este predio hace ya mas de 12 años, con  la promesa de titulársela Y que nunca cumplió.

LOS LÍMITES DE LAS ÓRDENES DE DESALOJO

La Corte Constitucional ha considerado que además del respeto de todas las garantías constitucionales del derecho al debido proceso, el trámite de los procesos administrativos de desalojo de ocupantes de bienes inmuebles asentados de manera irregular debe articularse con la protección del derecho a la vivienda digna y en obediencia de los artículos 13 y 51 de la Carta Política y de los tratados internacionales sobre la materia.

 

Así, la Corte precisó que existe la necesidad de adoptar políticas sociales para evitar los asentamientos humanos irregulares, en atención a la obligación que tiene el Estado de promover programas de habitación, especialmente dirigidos a la población vulnerable, que se ajusten a los contenidos básicos del derecho a la vivienda digna. (Si desalojo atenta contra interés general, es posible sacrificar propiedad privada).

 

En caso que se pretendan recuperar bienes inmuebles, las autoridades deben implementar las medidas adecuadas para la protección de los derechos fundamentales de los afectados y, por consiguiente, se deben cumplir con los siguientes aspectos:

•   Garantizar el debido proceso

  Consultar previamente a la comunidad afectada.

  Notificar de la decisión de desalojo en un plazo suficiente.

  Suministrar a los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos y a los fines que se destinarán las tierras o las viviendas.

•   Estar presentes durante la diligencia.

•   Identificar a todas las personas que efectúen el desalojo.

•   No efectuar desalojos cuando haya mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento.

  Ofrecer recursos jurídicos efectivos a los afectados.

  Ofrecer asistencia jurídica a la comunidad para solicitar la garantía de sus derechos y, si es del caso, la reparación de los daños que les sean causados.

 

De esta manera, cuando el grupo poblacional afectado no disponga de recursos propios para proveerse una solución de vivienda 

digna, las autoridades deben adoptar las medidas pertinentes de acuerdo con sus posibilidades, para que se proporcione otra

vivienda, reasentamiento o acceso a otras tierras productivas, según proceda.

 

Pero también las autoridades deben evitar el uso desproporcionado de la fuerza y proteger especialmente a la población más 

vulnerable, como adultos mayores, menores de edad, personas en situación de discapacidad, desplazados, entre otros. (Lea: 

Autoridades deben brindar acompañamiento a desplazados objeto de medidas de desalojo).

 

Como consecuencia, en los procedimientos de desalojo, la responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda digna recae 

sobre las instituciones y autoridades tanto del nivel local como nacional, quienes de manera conjunta deben cumplir con estas 

obligaciones constitucionales.

 

En este caso de la Finca Sebastopol, las autoridades «POLICIA, DEFENSORA DE FAMILIA DE IBCF, PERSONERIA» permitieron 

que funcionarios de la SAE « Entidad encargada de administrar los bienes de extinción de dominio» , violaran flagrantemente los 

derechos fundamentales de esta familia.

 

Como siempre digo « una imagen vale mas que mi palabras».