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A RIÓ REVUELTO GANANCIA DE PESCADORES.

LAS PERSONAS OPORTUNISTAS SACAN BENEFICIOS DE LOS MALES AJENOS

Los funcionarios de la SAE, aprovecharon una Orden de Desalojo de unos Tierreros para Revitimizar y Desalojar  ilegalmente a una Familia llanera.

COLOMBIA UN GRAN RIO REVUELTO

“A río revuelto, ganancia de pescadores” es un refrán popular que se refiere a aquellas personas que suelen sacar provecho de las situaciones de caos o desorden.

 

La sociedad colombiana es un espejo complejo para la juventud, la polarización que vive el país consecuencia del deseo férreo de algunos congresistas de ponerle el palo a la rueda de la paz, la impunidad de los corruptos, el abuso de poder, y la violación fragrante a los derechos humanos, el engaño a los afiliados a los fondos privados de pensiones,  el desgobierno de un presidente maniatado por su mentor,  es una avalancha de problemas que aprovechan los oportunistas para saquear al pueblo.

 

Ejemplo claro de la acción de los saqueadores fue lo sucedido con la Finca SEBASTOPOL.  En este caso los saqueadores fueron de dos especies diferentes, por un lado los tierreros” y por otro lado los funcionarios corruptos envestidos de facultades de policía administrativa.

 

Los “Tierreros” son delincuentes profesionales en el oficio de invadir  lotes, ‘supuestamente’ carentes de dueño, para apropiarse de ellos y luego venderlos por partes, para quienes los bienes involucrados en procesos de extinción de dominio se han convertido en su objetivo mas importante.

 

La otra especie de saqueadores, son los funcionarios públicos que aprovechando la orden desalojo legal y justificado a los tierreros y sus invasores de la finca, abusaron de su poder para desalojar a una de las 18 familias a las cuales el INCODER les entrego este predio hace ya mas de 12 años, con  la promesa de titulársela Y que nunca cumplió.

LOS LÍMITES DE LAS ÓRDENES DE DESALOJO

La Corte Constitucional ha considerado que además del respeto de todas las garantías constitucionales del derecho al debido proceso, el trámite de los procesos administrativos de desalojo de ocupantes de bienes inmuebles asentados de manera irregular debe articularse con la protección del derecho a la vivienda digna y en obediencia de los artículos 13 y 51 de la Carta Política y de los tratados internacionales sobre la materia.

 

Así, la Corte precisó que existe la necesidad de adoptar políticas sociales para evitar los asentamientos humanos irregulares, en atención a la obligación que tiene el Estado de promover programas de habitación, especialmente dirigidos a la población vulnerable, que se ajusten a los contenidos básicos del derecho a la vivienda digna. (Si desalojo atenta contra interés general, es posible sacrificar propiedad privada).

 

En caso que se pretendan recuperar bienes inmuebles, las autoridades deben implementar las medidas adecuadas para la protección de los derechos fundamentales de los afectados y, por consiguiente, se deben cumplir con los siguientes aspectos:

•   Garantizar el debido proceso

  Consultar previamente a la comunidad afectada.

  Notificar de la decisión de desalojo en un plazo suficiente.

  Suministrar a los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos y a los fines que se destinarán las tierras o las viviendas.

•   Estar presentes durante la diligencia.

•   Identificar a todas las personas que efectúen el desalojo.

•   No efectuar desalojos cuando haya mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento.

  Ofrecer recursos jurídicos efectivos a los afectados.

  Ofrecer asistencia jurídica a la comunidad para solicitar la garantía de sus derechos y, si es del caso, la reparación de los daños que les sean causados.

 

De esta manera, cuando el grupo poblacional afectado no disponga de recursos propios para proveerse una solución de vivienda 

digna, las autoridades deben adoptar las medidas pertinentes de acuerdo con sus posibilidades, para que se proporcione otra

vivienda, reasentamiento o acceso a otras tierras productivas, según proceda.

 

Pero también las autoridades deben evitar el uso desproporcionado de la fuerza y proteger especialmente a la población más 

vulnerable, como adultos mayores, menores de edad, personas en situación de discapacidad, desplazados, entre otros. (Lea: 

Autoridades deben brindar acompañamiento a desplazados objeto de medidas de desalojo).

 

Como consecuencia, en los procedimientos de desalojo, la responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda digna recae 

sobre las instituciones y autoridades tanto del nivel local como nacional, quienes de manera conjunta deben cumplir con estas 

obligaciones constitucionales.

 

En este caso de la Finca Sebastopol, las autoridades «POLICIA, DEFENSORA DE FAMILIA DE IBCF, PERSONERIA» permitieron 

que funcionarios de la SAE « Entidad encargada de administrar los bienes de extinción de dominio» , violaran flagrantemente los 

derechos fundamentales de esta familia.

 

Como siempre digo « una imagen vale mas que mi palabras».


HERMANITA EN EL CIELO NO ESTAS EN MANOS DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN EXTINCIÓN DE DOMINIO

Exceso de Trabajo y Congestión en la Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio

Hace 8 años que no esta con nosotros, prestigiosa abogada, que dejo un ejemplo de una vida llena de pasión, por su familia, su profesión, sus alumnos  y sus principios. Cuando ella partió yo solo era Contador  y Desarrollador de Software, pero la vida me dio la posibilidad de cumplir el sueño de ser abogado, y de escribir estas líneas en su memoria, como agradecimiento por haber dejado arado y sembrado el camino hacia una vida profesional llena de éxitos y reconocimientos. No ha sido poca la alegría que he sentido de volver a mi ciudad natal después de 30 años y encontrarme con todas y cada una de las importantes personas que la conocieron y que se me acercan para agradecer atreves mi por sus buenas obras.

Recuerdo que por allá en el año 2006, inicio un proceso de extinción de dominio, ante la fiscalía 19 especializada en extinción de dominio, 12 años después retome su andar y me hice cargo de ese proceso. La primera cosa que hice fue ir a hablar con la fiscal 19 E. D, quien muy tranquilamente me recibió pintándose las uñas en su el escritorio de su oficina ubicada en el prestigio edificio «El BUNQUER DE LA FISCALIA». Pues conocedor que ya  se había intentado de todas las maneras posibles que resolvieran el caso, sin obtener respuesta alguna, me di a la tarea de estudiar lo que debería hacer y durante aproximadamente durante cuatro meses mientras estudiaba maestría en derecho procesal en la universidad libre , investigue y consulte a mis ilustres profesor acerca de cual seria el mecanismo mas eficaz para resolver esta encrucijada.

Lo mas aberrante de la situación, es que a los afectados dentro de este proceso de extinción de dominio, les habían secuestrado, embargo y retirado el derecho de disposición de su casa de habitación y de su medio de trabajo, y ahora los iban a vender en lo que mal llamado el gobierno nacional denomino la VENTA TEMPRANA DE BIENES, que no es otra cosa que la faculta otorgada al Gobierno Nacional  atreves de la reforma al código de  extinción de dominio  en el año 2017, para que venda los bienes involucrados en procesos de extinción, sin haber decido la FISCALIA la PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA de la Acción.  

Descato tras Desacato y del plazo razonable nada

Después de cuatro arduos meses de investigación, una madrugada solitaria, encontre las razones de derecho que me permitirían exigirle a la fiscal 19 de E.D, que se dejara de pintar las uñas y terminara la etapa  probatoria y definiera de fondo el asunto, es decir, decretara la procedencia o improcedencia de la acción de extinción de dominio.  Este mecanismo consistía en pedirle al superior jerárquico de la fiscal 19 (Tribunal Superior de Bogotá – Sala Penal – Especializada en Extinción de Dominio) que nos tutelara el derecho a un debido proceso, a el acceso a justicia en un plazo razonable.

El Tribunal Superior de Bogotá, el 24 de Noviembre de 2018, me tutelo el derecho pedido y le ordeno a la Fiscal 19 de E.D, que un termino de 60 días cerrara la etapa probatoria y decidiera de fondo.  Ese fue uno de los mejores días de mi vida, ingenuamente dije « Yo soy como el CAPORAL QUE LE DIO PALIZA AL DIABLO». Pero como siempre digo, «COMO DE ESO TAN BUENO NO DAN TANTO» , paso lo impensado, el TRIBUNAL, después de haberse cumplido el plazo inicial y tras entablar una acción de descato en contra de la Fiscal 19 de E.D, por no haber cumplido la orden y con base en excusas tales como el exceso de trabajo y la complejidad del caso, le otorgo un plazo adicional de 45 días mas.

Un día después de cumplido este nuevo plazo, inicio otra acción de descato en contra de la fiscal 19 de E.D, y el TRIBUNAL le otorgo una nueva prorroga de 20 días más a la distinguida fiscal, pues no me quedaba de otra si no esperar ese nuevo plazo, al cabo del cual y envista que tampoco la fiscal había acatado la orden, volvió a iniciar otro incidente de descato, a la cual la FISCAL respondió emitiendo una resolución de PROCEDENCIA de la Acción de Extinción de Dominio. La cual fue remitida a los JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN EXTINCION DE DOMINIO para el reparto correspondiente. Otra vez feliz, dije «AHORA SI NOS VAMOS A DEFENDER EN DERECHO», pero no, tres meses después el JUZGADO rechazo la demanda y no aboco conocimiento por que el escrito de la FISCAL no cumplía los requisitos mínimos establecidos en el código de extinción de dominio.

Finalmente, en el mes de diciembre de 2018, y después de tres meses de haberle el JUZGADO devuelto la resolución a la FISCAL y en vista de que esta no había SUBSANADO LA DEMANDA, inicie otro incidente de descato ante el honorable TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA – sala de Extinción de Domino , quienes muy elocuentemente decidieron que la acción desacato no tiene como finalidad sancionar al desobediente si no hacer efectivo el derecho. Cosa que después de este calvario considero que se va ha dar cuando yo le este haciendo compañía si es que logro el privilegio que estar de estar en el cielo.

REFLEXIONES

El Gobierno Nacional atreves de los fiscales especializados en Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación debería ser igual de eficiente para investigar y resolver las acciones de extinción de dominio en el plazo estipulado por la ley (30 días), como lo es en el proceso de venta temprana de bienes secuestrados y embargados como media cautelar en los procesos de extinción de dominio, y cuyo valor supera con creces, solo para el 2008 5.8 billones de Pesos; media reforma tributaria (Ley de Financiamiento), mediante la cual ahora pretende vender por grupos estos bienes.

Me pregunto ¿quienes estarán en capacidad de comprar un grupo de bienes de este tipo?, ¿Es respetuoso de nuestra Constitución Política este procedimiento en cabeza única y exclusivamente del ejecutivo, sin ningún equilibro de poder?